La Asociación de Constructores de la Región de Murcia, ACOMUR, ha presentado un recurso contra las condiciones de licitación del desmantelamiento de las instalaciones de Puerto Mayor y la recuperación ambiental de la Caleta del Estacio. La obra, con un plazo de ejecución de 18 meses, cuentan con un presupuesto de25,77 millones de euros.

La asociación destaca que el pliego incurre en múltiples errores relacionados con la partida Gestión de Residuos, que representa más del 55% del importe de ejecución material del contrato. En concreto, las condiciones establecen un cálculo erróneo relativo a la retirada del material contaminado procedente de rellenos, porque se infravalora el tiempo y el coste de su transporte hasta vertederos autorizados y, esto, a su vez, altera el cálculo de emisiones de CO2 establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental.

La corrección de todos estos elementos supondría un coste mucho mayor del esperado, por lo que el presupuesto establecido para esta licitación sería insuficiente para realizarla. La ejecución de la obra es, por tanto, inviable económicamente.

El presidente de Acomur, José Juan González, ha destacado la presentación de este recurso como “imprescindible para que el desmantelamiento de Puerto Mayor y la recuperación de su entorno pueda ejecutarse en las condiciones que requiere”.

Sobre ACOMUR

ACOMUR es una asociación que reúne a las mayores empresas constructoras de obra pública de la Región. En total, todas ellas dan trabajo directo a más de 4.000 personas.

Entre los objetivos contemplados, la entidad también tiene como misión dar a conocer a la sociedad la importancia del sector de la obra pública. Las infraestructuras están en la base del estado de bienestar y su creación genera un valor añadido y multiplicador innegable.

Por otro lado, ACOMUR busca colaborar con la Administración para que las condiciones de adjudicación de las obras se ajusten a la realidad de las empresas y del mercado.

La Asociación de Constructores de la Región de Murcia, ACOMUR, ha lamentado que la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia encargue directamente las obras de recuperación de la Marina del Carmolí a TRAGSA, entidad considerada medio propio personificado de la Administración, sin convocar una licitación pública.

Este encargo supone un perjuicio directo a las empresas constructoras de la Comunidad, que no han tenido la posibilidad de concurrir y presentar sus propuestas para realizar esta obra, que se ejecutará en seis meses y cuenta con un presupuesto de 848.001,07 euros financiado con cargo a los fondos europeos Next Generation.

El uso frecuente de los encargos de todo tipo a TRAGSA, fuera de las actuaciones que constituyeron su objeto inicial, implica, además, una inflación en el mercado de obra y maquinaria, porque esta empresa estatal tiene que dotarse rápidamente de medios para poder realizar la gran cantidad de trabajos que se le encomiendan. En concreto, en 2024 y en la Región, la Administración autonómica encargó obras a TRAGSA por un volumen superior al 13% de todo lo licitado, mientras que la Administración central hizo lo propio por el 12,27%, cuando el porcentaje de encargos a nivel nacional está, en los últimos años, entre el 3% y el 5% del volumen total de licitación.

El presidente de ACOMUR, José Juan González, se ha mostrado muy descontento y ha subrayado que la decisión “no puede ser justificada de ninguna manera, tampoco por los plazos de ejecución establecidos para las obras financiadas mediante los fondos Next Generation, puesto que si se hubiese iniciado una licitación pública también podrían haberse cumplido”. Además, ha querido recalcar que estas acciones “reducen considerablemente la actividad económica de las firmas dedicadas a la obra pública, lo que disminuye la estabilidad financiera de un sector que es fundamental”.

La Asociación de Constructores de la Región de Murcia (ACOMUR) ha estado presente en el taller sectorial “Encuentros por el Mar Menor”, celebrado el pasado 16 de junio en el Centro Cultural Las Claras, en Los Alcázares.  

Esta iniciativa, impulsada por la Oficina Técnica del Mar Menor (OTMM) en el marco del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), tiene como finalidad diseñar, de forma participativa, las líneas estratégicas que orientarán las actuaciones para la recuperación de la laguna y la protección de su entorno. 

Este foro ha reunido a representantes del sector económico, empresarial y laboral para escuchar diferentes perspectivas y generar propuestas que permitan compatibilizar el desarrollo socioeconómico con la sostenibilidad ambiental. A su vez, se persigue informar a la ciudadanía sobre las acciones que se están llevando a cabo en el territorio y fomentar la implicación de todos los actores involucrados. 

En total, participaron diez entidades en un espacio de diálogo abierto en el que se analizaron retos y se plantearon soluciones conjuntas. En línea con los objetivos de Acomur, su presidente, José Juan González, subrayó que la gestión de las actuaciones en el Mar Menor debe implantar procedimientos para asegurar las inversiones necesarias y que éstas repercutan en la economía regional, así como establecer mecanismos de colaboración público-privada. 

Durante la jornada se organizaron mesas de trabajo centradas en cuatro áreas clave: urbanismo, gestión, control del acuífero y saneamiento. De este debate surgieron dieciocho propuestas que servirán de base para la elaboración de un documento estratégico común. Entre las medidas planteadas destacan la necesidad de impulsar una planificación urbanística sostenible, limitar el crecimiento descontrolado y garantizar que los nuevos desarrollos incorporen sistemas que eviten la entrada de contaminantes al Mar Menor. 

También se pusieron sobre la mesa actuaciones orientadas a mejorar la coordinación entre administraciones, diseñar medidas para la protección de personas y bienes, establecer redes de control y monitorización del acuífero, modernizar los sistemas de depuración y apostar por la innovación tecnológica en el tratamiento y reutilización de aguas

La licitación pública en la Región de Murcia ha aumentado durante el primer semestre de 2025 un 72,58% con respecto al mismo periodo del año pasado, tal y como se refleja en los datos presentados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, SEOPAN. En concreto, de enero a junio de 2025 se invirtieron 365,105 millones de euros, una cifra superior a la de 2024, cuando se alcanzaron los 211,553 millones.

Por volumen de inversión, los 365,105 millones de euros corresponden a la Administración central (187,016 millones), la local (132,514 millones) y la Comunidad Autónoma (45,576 millones), un orden que coincide con el del año pasado, en el que también fue el Estado, seguido de los ayuntamientos, los que más invirtieron en este ámbito.

Al respecto, el presidente de ACOMUR, José Juan González, se ha mostrado satisfecho con el aumento general de las cifras, “porque esto implica una mejora de las infraestructuras de las que disfrutan todos los ciudadanos”, pero ha lamentado que “el Gobierno regional sea la administración que menos invierte. Necesitamos un compromiso firme con la obra pública, porque está directamente relacionada con el estado del bienestar”.

La Asociación de Constructores de la Región de Murcia, ACOMUR, ha presentado un recurso ante el Ayuntamiento de Murcia contra las condiciones de licitación de la Ciudad del Tenis Carlos Alcaraz, que el consistorio tiene previsto construir en El Palmar.

La asociación alerta en este escrito que las condiciones del pliego establecen unos precios de las principales unidades de obra que estaban, de media y en conjunto, un 30% por debajo del valor del mercado. Este recurso se ha interpuesto tras hablar con los responsables del Ayuntamiento, a quienes se les trasladó la escasa rentabilidad de la obra, aportando para ello información comparativa con los cuadros de precios de otras comunidades autónomas, con bases de datos para la Región de Murcia de organismos y empresas de referencia para la redacción de proyectos y con ofertas de proveedores para esta obra en concreto.

Como la asociación ya ha remarcado en otras ocasiones, la problemática con los precios de los proyectos afecta tanto a la calidad final de las obras a ejecutar como al presente y al futuro de estas firmas. El acceso de las empresas a las licitaciones viene determinado por la clasificación que cada una tiene y que debe renovar periódicamente. Para establecerla, se tienen en cuenta las obras públicas que se han realizado en los años anteriores, por lo que las licitaciones a las que no se presentan afectan a su clasificación, y, por tanto, a los proyectos a los que pueden acceder posteriormente.

El presidente de Acomur, José Juan González, ha destacado la presentación de este recurso “como el cauce legal que debemos seguir para defender los intereses de las empresas de la construcción. La licitación de obras públicas que no tienen en cuenta la realidad de las firmas dedicadas a ello y los precios del mercado lastran la rentabilidad de un sector que es imprescindible para sostener el estado del bienestar”.

La Asociación de Constructores de la Región de Murcia, ACOMUR, ha alertado sobre las condiciones de licitación de la nueva Ciudad del Tenis Carlos Alcaraz que el Ayuntamiento de Murcia planea construir en El Palmar. El concurso, por valor de 1.139.999,99 euros, establece unos precios de las principales unidades de obra que están, de media y en conjunto, un 30% por debajo del valor de mercado.

Estas reducidas cifras impiden la concurrencia adecuada de las empresas del sector de la construcción. El valor de los precios indicados aumenta considerablemente las posibilidades de que la licitación quede desierta debido a la escasa o nula rentabilidad de esta obra que contempla, en el plazo de 9 meses, la creación de tres pistas de tenis, dos de pickleball, una zona recreativa y dos nuevos aseos, entre otros elementos.

El presidente de Acomur, José Juan González, ha reafirmado la disconformidad de la entidad a la que representa con este pliego. “Ya hemos trasladado al Ayuntamiento de Murcia que las condiciones que se plantean son extremadamente difíciles de cumplir. Las empresas no pueden presentar ofertas a licitaciones en las que algunas unidades de obra importantes se valoran a casi la mitad de su coste real”.

Como la asociación ya ha remarcado en otras ocasiones, la problemática con los precios de los proyectos afecta tanto al presente como al futuro de estas firmas. El acceso de las empresas a las licitaciones viene determinado por la clasificación que cada una tiene y que debe renovar periódicamente. Para establecerla, se tienen en cuenta las obras públicas que se han realizado en los años anteriores, por lo que las licitaciones a las que no se presentan afectan a su clasificación, y, por tanto, a los proyectos a los que pueden acceder posteriormente.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha decidido paralizar cautelarmente la adjudicación de la sociedad Murcia Alta Velocidad S.A, constituida por ADIF Alta Velocidad, ADIF, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia, a Ferrovial Construcción S.A para la ejecución de la nueva zona verde sobre las vías soterradas de la ciudad de Murcia.

El tribunal admite el recurso especial en materia de contratación presentado por la Asociación de Constructores de Murcia, ACOMUR, y decide tomar esta medida porque “los perjuicios que podrían derivarse del levantamiento de la suspensión son de difícil o imposible reparación”.

En el documento jurídico interpuesto por ACOMUR, la asociación pone de manifiesto la adjudicación del contrato a un licitador que ha efectuado una oferta anormalmente baja justificada, entre otros motivos, por la adscripción de sus trabajadores al Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la Región de Murcia. Esto se produce pese a que el que debe ser aplicable en este caso es el de la construcción, como quedó reflejado en el hecho de que se solicitase a las empresas que se han presentado clasificaciones de este ámbito. Además, en el pliego de condiciones se remarca “la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación”.

El presidente de ACOMUR, José Juan González, valora esta medida como “necesaria para asegurar la concurrencia de todas las empresas en igualdad de condiciones, especialmente en unas obras tan importantes para la ciudad como estas”.

La Asociación de Constructores de Murcia, ACOMUR, denuncia la propuesta de adjudicación de la sociedad Murcia Alta Velocidad S.A., constituida por ADIF Alta Velocidad, ADIF, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia, a Ferrovial Construcción S.A para la ejecución de la nueva zona verde sobre las vías soterradas de la ciudad de Murcia.

ACOMUR señala que Ferrovial, cuya oferta está en baja temeraria, alega para justificarla, entre otros motivos, la adscripción de sus trabajadores al Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la Región de Murcia, pese a que en el pliego de condiciones se indica claramente “la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación”, que es el de la construcción, tal y como también queda patente en el hecho de que se solicitase a las empresas que se han presentado clasificaciones de este ámbito.

La propuesta de adjudicación a Ferrovial por parte de la sociedad Murcia Alta Velocidad podría suponer una irregularidad y un perjuicio para el resto de las empresas que se presentan al procedimiento, puesto que se utiliza un convenio colectivo como el de la industria siderometalúrgica, cuyas tablas salariales son, en promedio, un 15% inferiores al de la construcción, para explicar una oferta calificada por los evaluadores como anormalmente baja.

El presidente de ACOMUR, José Juan González, ha reseñado que estos hechos “llaman la atención porque podrían constituir una distorsión de la competencia en el procedimiento de licitación de unas obras que son especialmente relevantes para la ciudad”.

La licitación de obra pública en la Región de Murcia disminuyó en 2024 con respecto al año anterior, tal y como señalan las cifras provisionales publicadas por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, SEOPAN. En concreto, la información detalla una licitación por valor de 715,541 millones de euros (M€), frente a los 850,896 M€ de 2023.

Por volumen, en 2023 la Administración que más invirtió fue la central (637,375 M€) seguida de la local (118,066 M€) y la regional (95,454 M€). En 2024 los ayuntamientos fueron los únicos que incrementaron notablemente sus datos, alcanzando los 147,143 millones, frente al leve repunte autonómico (102,871 M€) y al descenso del Gobierno central (465,528 M€).

Nuestro presidente, José Juan González, ha lamentado este descenso y ha solicitado “que se desarrolle un marco de inversión estable que permita a las empresas del sector planificar su actividad. Debemos tener más en cuenta el valor de estas firmas, puesto que se encargan de construir infraestructuras imprescindibles para mantener el estado del bienestar”. Además, ha reivindicado “el desbloqueo de proyectos que son claves para el desarrollo de la Región, como el Arco Norte y el tercer carril de la A-7”.

La Asociación de Constructores de Murcia, ACOMUR, lamenta que tanto el Gobierno central como el regional empleasen el pasado año a las empresas públicas del Grupo TRAGSA para llevar a cabo obras en la Región de Murcia sin convocar la correspondiente licitación pública, justificándolo mediante razones de emergencia o interés público. La entidad, creada en 1977, tiene la consideración de medio propio personificado de la Administración, por lo que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), cualquier organismo de la Administración que forme parte de su accionariado puede recurrir a ella.

En concreto, el Gobierno central encargó durante 2024 a esta firma, obras por valor de 57.097.273,20 euros, mientras que la Administración regional hizo lo propio por un importe total de 17.123.769 euros. Estas cifras superan el 25% del total licitado por cada una de ellas hasta noviembre de 2024, lo que constituye un claro perjuicio para las empresas regionales, a las que se deja sin opciones de conseguir esos contratos. Algunas de las actuaciones que incluyen estas cifras son, por ejemplo, las obras de renaturalización del parque Rafael de la Cerda o las ampliaciones del Hospital Comarcal y Centro de Salud de Caravaca, unas acciones para las que se podría haber utilizado el procedimiento de urgencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, que permite acelerar los plazos sin dejar a las compañías del sector fuera del procedimiento.

La ejecución de obras a través de TRAGSA supone un gran perjuicio para las entidades dedicadas a este ámbito, puesto que las tarifas de la empresa pública no incluyen el IVA. Además, el uso indiscriminado de ella lleva aparejada una inflación en el mercado de mano de obra y maquinaria, porque TRAGSA tiene que dotarse rápidamente de medios para poder realizar los trabajos que se le encomiendan.

Nuestro presidente, José Juan González, ha querido hacer hincapié en “la competencia desleal que supone recurrir a razones de emergencia o interés público, que en realidad no lo son, para llevar a cabo obras, porque de esta manera se reduce considerablemente la actividad económica de las firmas dedicadas a la obra pública y disminuye su estabilidad financiera”.