La licitación de obra pública en la Región de Murcia disminuyó en 2024 con respecto al año anterior, tal y como señalan las cifras provisionales publicadas por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, SEOPAN. En concreto, la información detalla una licitación por valor de 715,541 millones de euros (M€), frente a los 850,896 M€ de 2023.

Por volumen, en 2023 la Administración que más invirtió fue la central (637,375 M€) seguida de la local (118,066 M€) y la regional (95,454 M€). En 2024 los ayuntamientos fueron los únicos que incrementaron notablemente sus datos, alcanzando los 147,143 millones, frente al leve repunte autonómico (102,871 M€) y al descenso del Gobierno central (465,528 M€).

Nuestro presidente, José Juan González, ha lamentado este descenso y ha solicitado “que se desarrolle un marco de inversión estable que permita a las empresas del sector planificar su actividad. Debemos tener más en cuenta el valor de estas firmas, puesto que se encargan de construir infraestructuras imprescindibles para mantener el estado del bienestar”. Además, ha reivindicado “el desbloqueo de proyectos que son claves para el desarrollo de la Región, como el Arco Norte y el tercer carril de la A-7”.

La Asociación de Constructores de Murcia, ACOMUR, lamenta que tanto el Gobierno central como el regional empleasen el pasado año a las empresas públicas del Grupo TRAGSA para llevar a cabo obras en la Región de Murcia sin convocar la correspondiente licitación pública, justificándolo mediante razones de emergencia o interés público. La entidad, creada en 1977, tiene la consideración de medio propio personificado de la Administración, por lo que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), cualquier organismo de la Administración que forme parte de su accionariado puede recurrir a ella.

En concreto, el Gobierno central encargó durante 2024 a esta firma, obras por valor de 57.097.273,20 euros, mientras que la Administración regional hizo lo propio por un importe total de 17.123.769 euros. Estas cifras superan el 25% del total licitado por cada una de ellas hasta noviembre de 2024, lo que constituye un claro perjuicio para las empresas regionales, a las que se deja sin opciones de conseguir esos contratos. Algunas de las actuaciones que incluyen estas cifras son, por ejemplo, las obras de renaturalización del parque Rafael de la Cerda o las ampliaciones del Hospital Comarcal y Centro de Salud de Caravaca, unas acciones para las que se podría haber utilizado el procedimiento de urgencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, que permite acelerar los plazos sin dejar a las compañías del sector fuera del procedimiento.

La ejecución de obras a través de TRAGSA supone un gran perjuicio para las entidades dedicadas a este ámbito, puesto que las tarifas de la empresa pública no incluyen el IVA. Además, el uso indiscriminado de ella lleva aparejada una inflación en el mercado de mano de obra y maquinaria, porque TRAGSA tiene que dotarse rápidamente de medios para poder realizar los trabajos que se le encomiendan.

Nuestro presidente, José Juan González, ha querido hacer hincapié en “la competencia desleal que supone recurrir a razones de emergencia o interés público, que en realidad no lo son, para llevar a cabo obras, porque de esta manera se reduce considerablemente la actividad económica de las firmas dedicadas a la obra pública y disminuye su estabilidad financiera”.

Algunas de nuestras empresas asociadas han cedido el uso de todo tipo de maquinaria para apoyar las labores que se están realizando en las zonas afectadas por la DANA de la Comunidad Valenciana.

En total han cedido el uso de 99 camiones, 46 retroexcavadoras, 11 palas cargadoras, 8 hormigoneras, 2 góndolas y 8 equipos individuales que ya están en el terreno para quitar el barro de calles y casas, mover los escombros y los coches que obstruyen las vías principales y reponer las infraestructuras dañadas. A este despliegue de medios se irán sumando más, conforme sea necesario.

Nuestro presidente, José Juan González, ha destacado el interés de estas compañías “por apoyar a aquellas zonas que se han visto afectadas por este fenómeno arrasador. Queremos aportar todo lo que está en nuestra mano para intentar que vuelvan a la normalidad lo antes posible”.

La Comunidad ha sido, de 2019 a 2023, la administración regional de España que menos obra pública ha licitado por habitante. Los datos que avalan esta afirmación, por nuestra asociación, muestran que la media del gasto público per cápita en ese periodo de tiempo apenas superó los 56 euros.

En concreto, cuando más se invirtió fue en 2023, con 74,73 euros por habitante, seguido de 2022 (70,83), 2021 (58,37), 2019 (46,74) y 2020 (30,44), cifras muy lejanas a comunidades como Castilla y León o Cantabria, que el año pasado invirtieron casi 300 euros, o Navarra, cuyo gasto fue de más de 140 euros. De hecho, en comparación con el resto de las comunidades consideradas como infrafinanciadas (Andalucía, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana), Murcia sigue situándose en el último lugar.

Nuestro presidente, José Juan González, ha hecho hincapié en la realidad que presentan estas cifras y ha señalado que la obra pública “debe ser una prioridad, porque la creación de infraestructuras está estrechamente relacionada con el estado del bienestar”.

En este sentido, ha reclamado un “marco de inversión estable que permita a las empresas regionales poder planificar su actividad, lo que evitaría las tensiones que se producen cuando la licitación se reduce, con las consecuencias que conlleva en la organización, las finanzas y el empleo de las empresas dedicadas a este sector”. Además, ha querido señalar el momento actual como “clave para revertir esta situación que está lastrando a la economía regional, puesto que actualmente se están elaborando los presupuestos para 2025”.

La Asociación de Constructores de Murcia (ACOMUR) pide a las administraciones públicas un marco de inversión estable que permita a las empresas regionales planificar su actividad

La licitación pública en la Región de Murcia ha disminuido durante el primer semestre de 2024 un 64% con respecto al mismo periodo del año pasado, tal y como se refleja en los datos presentados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, SEOPAN. En concreto, de enero a junio de 2023 se invirtieron 658,34 millones de euros, una cifra muy superior a la de 2024, que solo alcanza los 236,72 millones.

Por volumen de inversión, los 658,34 millones de euros de 2023 corresponden a la Administración central (556,94 millones de euros), la Administraciones local (62,92 millones) y la Comunidad Autónoma (38,48 millones). Este año la cifra se divide entre el Estado (114,42 millones), los ayuntamientos (62,27 millones) y la Comunidad (60,03 millones).

Al respecto, nuestro presidente, José Juan González, ha enfatizado la necesidad de que las administraciones públicas “desarrollen un marco de inversión estable que permita a las empresas regionales poder planificar su actividad”. En este sentido, el profesional resalta que esta medida evitaría “las tensiones que se producen cuando la licitación se reduce, con las consecuencias que conlleva en la organización, las finanzas y el empleo de las empresas dedicadas a este sector, que genera más de 4.000 empleos directos”.